Mini Públicos: una metodología para hacer política pública y asegurar la representatividad de los procesos participativos

100 personas remuneradas y escogidas por sorteo, siguiendo criterios de representatividad y diversidad, reciben información, llevan a cabo un debate estructurado sobre cómo abordar un dilema concreto y establecen una serie de recomendaciones que marcarán los criterios de las políticas públicas sobre aquella materia. Desde el 2010 las “Asambleas deliberativas” han crecido exponencialmente en Europa y Norteamérica, en especial aquellas que quieren afrontar la emergencia climática. Pero, ¿permiten que una ciudadanía heterogénea participe de los procesos participativos y/o para implementar políticas a medio y largo plazo, que requieren de consenso social?

Los procesos participativos son una serie de encuentros delimitados en un tiempo concreto, para promover el debate y el contraste de argumentos entre la ciudadanía o entre esta y una administración, para recoger la opinión o hacer propuestas respecto a una actuación concreta. En los últimos 15 años el uso de procesos participativos para la elaboración de políticas, planes o presupuestos se ha generalizado. El uso de estos tipos de procesos pretende hacer más permeable las instituciones y que sea la propia ciudadanía la que defina las necesidades y las propuestas sobre aquello que le afecta en primera persona.

Nuevos retos para los procesos participativos

Aun así, después de la popularización de estos tipos de procesos se puede constatar que hay un grosor de la población que, o bien no se siente llamada, o bien no dispone de los recursos para involucrarse. A menudo la participación se limita a ciertas personas y colectivos, con formación superior y procedentes de un espectro ideológico determinado.

Por otro lado, hay ciertos aspectos que vertebran una sociedad (como las políticas de educación, las climáticas, las de salud o las de juventud) que demandan un consenso parlamentario para el desarrollo de políticas a medio y largo plazo, cosa que, desgraciadamente, dista mucho de las lógicas electorales y de mandatos que, demasiado a menudo, potencian la confrontación de intereses y programas de actuación.

Un sorteo que garantiza la representatividad

El uso de la metodología de los mini públicos se empieza a extender como una respuesta a estas dos problemáticas. Se recurre a un sorteo estratificado, es decir, se aplican criterios de género, procedencia, nivel formativo, etc. para que la muestra escogida represente la diversidad de la población -constituyendo así una “mini-sociedad”. El resultado es la participación remunerada de 100 personas, cosa que permite asegurar que se sumen personas con diferentes intereses, muchas de las cuales difícilmente encontraríamos en otros procesos participativos.

El uso del sorteo para escoger representantes de la ciudadanía con el encargo de llevar a cabo políticas públicas no es una idea moderna. La democracia clásica de Atenas fue la primera en hacerlo.

La fase de aprendizaje

Otra característica de esta metodología es la existencia de dos fases: la de aprendizaje y la deliberación. Durante la fase de aprendizaje, las personas asambleístas tienen la oportunidad y el tiempo para conocer en profundidad las dificultades, las necesidades, las propuestas y los impactos del dilema de la mano de personas expertas y profesionales. Así mismo, tienen la oportunidad de escuchar la voz otros asambleístas e incorporar a la deliberación sensibilidades sobre la cuestión que en otro contexto difícilmente podrían recoger.

La fase de deliberación

La segunda fase pone el foco en la deliberación, en el contraste de opiniones y en la toma de acuerdos mediante consenso. Las “mini-sociedades” representadas en las asambleas ciudadanas tienen valor en su conjunto y la fragmentación temática provoca un sesgo del debate. En este sentido, de las primeras experiencias a las últimas de los últimos años, la metodología ha evolucionado. Primeramente se proponía una metodología de apertura total hacia una cuestión general para que las personas participantes situaran aquellas propuestas que encontraban prioritarias sobre aquella temática. Recientemente, las asambleas ciudadanas prefieren situar el debate sobre el cómo antes de que sobre él qué, es decir, no se discute sobre una finalidad concreta sino sobre la manera de llegar. De este modo se generan una serie de consideraciones alrededor de un dilema concreto y se interpela a las asambleístas porque, considerando los beneficios y las renuncias que implica cada consideración, determinen los aspectos que disfrutan de consenso y por tanto, las políticas públicas que aborden aquella cuestión tienen que incorporar.

Las Asambleas Ciudadanas por el Clima

Los mini públicos han aparecido con fuerza en RAONS. Durante 2022 y 2023 hemos tenido la oportunidad de idear y coordinar la metodología participativa de la Asamblea Ciudadana por el Clima de Barcelona, con el Ayuntamiento de Barcelona y, actualmente, estamos repitiendo la experiencia con la Asamblea Ciudadana por el Clima de Cataluña que llevamos a cabo para la Generalitat de Cataluña. Una metodología que ha venido para quedarse, con numerosos ejemplos en países noreuropeos y norteamericanos, con procesos que requieren de unos recursos humanos y económicos considerables para ser llevados a cabo, y que piden compromiso político, transparencia y rendición de cuentas pero, sobre todo, abren el camino hacia una forma de hacer políticas públicas basadas en el diálogo, la inclusión y el consenso.